EL V PODER
Por Rodrigo Aguilera Morales
Busca Fiscalía a
Muñoz Vargas
Nervioso, con la asquerosa enfermedad de piel que le deforma
los dedos a todo lo que da, con el tinte de cabello mal aplicado y su aliento
cadavérico en su punto más hediondo se mostró anoche el delincuente metido a
regidor del ayuntamiento vallartense, Humuerto Muñoz Vargas durante la sesión
de Cabildo en la que se extenderá indefinidamente la licencia de Ramón Guerrero
"Mochilas".
Las razones por las que Humuerto está desencajado e incluso
insultó al alcalde en funciones Javier "Pitas" Pelayo son simples:
Vive sus últimas horas en libertad ya que elementos de la Fiscalía del Estado
le van a cumplimentar una orden de aprensión por los delitos que se le imputan
desde hace dos años cuando dejó de ser el peor titular de SEAPAL Vallarta.
Como vive juzga Muñoz Vargas, un pequeño personaje al que le
dieron un pequeño papel en la administración pública y lo hizo mal. Ahora le
esperan largos años en el Penal de Puente Grande, donde ya lo espera quien
fuera su cómplice, Rodolfo Ocampo, ex titular de SIAPA Guadalajara.
La detención de Muñoz, prevista para finales del año pasado,
no había sido ejecutada por el poder judicial, toda vez que podría haberse
tomado como un asunto político, ya que Muñoz había intentado colocar a su
esposa como regidora en el Ayuntamiento 2015-2018 para tratar de negociar lo
que es un hecho: Su inminente caída a la cárcel.
El Caso
La Fiscalía Regional de Justicia ejercerá acción penal en
contra del actual regidor panista, Humuerto Muñoz Vargas y contra la ex
directora jurídica del Seapal Vallarta, Margarita "Malvadita"
Quintero González, por el comprobado delito de daño patrimonial al organismo de
agua potable, por la cantidad de tres millones 650 mil 244 pesos, según la
Averiguación Previa 3341/2013 que se integró en la Agencia Número Nueve del
Ministerio Público del Fuero Común.
De acuerdo a los pormenores de la averiguación, Humberto
Muñoz habría permitido un quebranto patrimonial al Sistema de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal), al aceptar unos
terrenos localizados al norte de la laguna de Cajititlán, en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, por un adeudo que tenía el empresario Antonio Sánchez
Ramírez --urbanizador del fraccionamiento Nuevo Ixtapa—con el Seapal, pasivo
cuya cifra ascendía a los ocho millones 036 mil 314 pesos.
El delito apareció cuando Humuerto Muñoz no tomó en cuenta al
Consejo de Administración del Seapal para esta operación, tuvo una cómplice
dentro de las oficinas de Francisco Villa Malvadita Quintero—y al momento de
aceptar la “dación en pago” de dichos terrenos, faltó un predio, de un total de
siete acordados y el monto económico resultó menor a la deuda del fraccionador
Antonio Sánchez, todo en perjuicio del patrimonio del organismo paraestatal del
agua.
Actúa SEAPAL Contra
la Rata Azul Muñoz
El 17 de julio del 2013, el apoderado legal del Seapal,
Esteban Vázquez Lomelí, interpuso una denuncia en contra de quién o quiénes
resultasen responsables de daño patrimonial al organismo, dentro de los cuales
señalaba a la anterior administración de dicha entidad pública, ya que con
fecha 31 de mayo del 2011, el señor Antonio Sánchez Ramírez, por la obligación
que tenía de pagar los derechos de infraestructura del fraccionamiento Nuevo
Ixtapa, se obligó con el Seapal a pagar la cantidad de ocho millones 036 mil
314 pesos, firmando un pagaré por dos millones 410 mil 894 pesos,
correspondiente al 30 por ciento de la deuda. Y para dar cumplimiento al resto,
ofrecía otorgar en dación de pago una serie de inmuebles que habrían sido
seleccionados por el Seapal y supuestamente sometidos a los avalúos
correspondientes para concretar la operación.
En este sentido, el 10 de junio del 2011, mediante acta de
consejo de administración en su punto seis, el Director del Seapal, Humberto
Muñoz Vargas, informó al Consejo sobre este acuerdo, explicando que Antonio
Sánchez propuso los lotes 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, con una superficie de
3654.62 metros cuadrados, del fraccionamiento “Tres Reyes” de Cajititlán, en
Tlajomulco de Zúñiga, para el pago de los derechos de incorporación que
adeudaba respecto a Nuevo Ixtapa.
Sin embargo, la asamblea determinó que se revisara si dichos
lotes correspondían al valor para el pago del adeudo.
Para esto, el 12 de agosto del 2011 Antonio Sánchez solicitó
que se le tomara el total de la superficie aportada en Dación en Pago y se
aplicara a la cantidad total del precio final que resultase de los avalúos, que
se llevaron a cabo de los siete predios, y que el valor fuera aplicado a pagar
a la empresa pública y que la diferencia fuera liquidada en efectivo –con esto,
al parecer el fraccionador quería dejar sin efecto el pagaré firmado el 31 de
mayo del 2011--, por lo que el Consejo rechazó tal propuesta e instruyó a
Humberto Muñoz Vargas a dar cumplimiento al convenio firmado precisamente el 31
de mayo.
Atraco Millonario
En la escritura 14542 quedó asentado que los gastos
originados por la escrituración correrían a cargo del Seapal Vallarta, por lo
que aun aceptando la dación en pago --concluye la Fiscalía—se dejaría un monto
por cubrir a los acuerdos del 31 de mayo, al descontar su monto de las
aportaciones hechas a favor del Seapal por la sociedad mercantil Urbanizaciones
de Vallarta 2004 S.A de C.V, que es la fraccionadora de Nuevo Ixtapa.
Y es que en dicha escritura se estableció el reconocimiento
del adeudo y convención de dación de pago sólo por cinco millones 625 mil 420
pesos, de un adeudo que originalmente sumaba ocho millones 036 mil 314 pesos,
por concepto de derechos de infraestructura.
Luego, la dación en pago de Nuevo Ixtapa aprobada en sesión
ordinaria del Consejo de Administración del Seapal, el 12 de agosto del 2012,
por una deuda de ocho millones 063 mil 314, señalaba que sería cubierta con
cuatro terrenos con un supuesto valor catastral de cinco millones 625 mil 420
pesos; y dos terrenos más con un supuesto valor catastral de un millón 783 mil
771 y 493 mil 986 pesos, los que sumaban siete millones 909 mil 177 pesos.
Sin embargo, según escritura, los primeros cuatro terrenos
tienen un valor de un millón 975 mil 176 pesos y no los cinco millones 625 mil
420 pesos que habían mencionado.
No obstante, dichos terrenos fueron recibidos por Humberto
Muñoz Vargas el 23 de marzo del 2012 mediante respectiva escritura.
Hunde Ruiz Higuera
a Malvadita y Muñoz
En el proceso de la Averiguación Previa, se solicitó un
dictamen pericial contable al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
(IJCF), en el cual se determinó que sí existe un daño patrimonial en agravio
del Seapal Vallarta por tres millones 650 mil 244 pesos, tomando en cuenta el
valor catastral de los cuatro predios de Cajititlán y que fueron tomados en
concepto de dación en pago, ya que según los documentos que ingresaron en la
notaría, no se especificó ni ingresó ningún avalúo comercial; “y aun habiendo y
tomando en cuenta un avalúo comercial, el daño patrimonial ascendería a un
millón 200 mil pesos”. En este contexto, se recabó la declaración ministerial
de Malvadita Quintero, quien señaló que sí solicitó que se escriturara a favor
del Seapal cinco predios; pero reconoció que faltó uno, el un número 70, el
cual no quedó inscrito a favor del organismo de agua.
De hecho, el notario público número ocho, Jesús Ruiz Higuera
y su asistente, Miguel Calleja, refutaron lo dicho por Quintero, al mencionar
que nunca recibieron ningún avalúo comercial, sino hasta ya realizadas las dos
escrituras, es decir, en marzo del 2013.
Incluso, la Fiscalía aseguró un juego de avalúos comerciales
que Margarita Quintero ordenó realizar el 2011, en su entonces calidad de jefa
del Departamento Jurídico, y que fueron ordenados por ella y Humberto Muñoz
Vargas para determinar el valor de los predios de Cajititlán.
Por si esto fuera poco, la Fiscalía tomó las declaraciones
de los miembros del Consejo de Administración del Seapal –a saber, Dulce María
Flores, Gustavo Buenrostro, Carlos Efraín Yerena, Albino Garay, José Ludwig
Estrada, Salvador Peña Chávez, Julia Rosa Baumgarten y Eduardo Legorreta
Chauvet--, todos, a excepción de Dulce María Flores, dijeron que no autorizaron
que se tomaran como dación en pago los terrenos de Cajititlán y que nunca
estuvieron de acuerdo de cómo Humberto Muñoz Vargas manejó el cobro del
crédito, señalando que dicha circunstancia fue realizada por su persona
únicamente.
El notario Jesús Ruiz Higuera, comentó además que fue
contratado por Humberto Muñoz y Margarita Quintero para escriturar a favor de
Seapal cuatro predios de Cajititlán y dos predios más ubicados en Nuevo Ixtapa,
“y que nunca existió una petición por un quinto predio”.
De esta manera, la Fiscalía citó a los inculpados, Humberto
Muñoz y Margarita Quintero, a fin de que declararan en relación a estos hechos,
pero se abstuvieron a declarar, por lo que la misma Fiscalía formalizó un
interrogatorio, absteniéndose otra vez a contestar.
Por ello, la Fiscalía –al analizar los medios de prueba
existentes—procedió a ejercitar acción penal en contra de Humberto Muñoz Vargas
y Margarita Quintero González por su probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y
Facultades, previsto en el artículo 152 del Código Penal de Jalisco.
Malvadita, Enferma
de la Preocupación
La ex titular del jurídico de SEAPAL, Malvadita Quintero, al
parecer se encuentra ya prófuga de la justicia al ser enterada de que la causa
penal ya llegó al Juzgado correspondiente en Vallarta y que ha sido ya liberada
una orden de aprensión en contra de ella y Muñoz Vargas. Desde hace dos años,
Quintero, cómplice de Muñoz, se encuentra enferma de la preocupación habiendo
pasado de un estado de obesidad mórbida durante sus años de funcionaria a
anorexia nerviosa derivada del miedo a ser encarcelada. Preocupación que está a
punto de materializarse.
Contacto: Whatsapp 55 48 99 42 82 Twitter @RODRIGOAGUILERA -
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